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Las políticas de cuidado demandan de una institucionalidad específica sólida y con recursos asignados

Para garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado, es necesario desarrollar políticas públicas de cuidado y reconocer a estas políticas como un componente de la protección social que debe ser garantizado por el Estado.

5 de agosto de 2015|Nota informativa

A pesar de que la necesidad de cuidados de la población crece con el tiempo, y que el trabajo de cuidados es un elemento vital para el funcionamiento y desarrollo de las economías, el trabajo de cuidados descansa en las familias, en especial en las mujeres. Esta asignación a priori genera una distribución del trabajo total –tanto remunerado como no remunerado– desigual entre hombres y mujeres, de acorde con la actual división sexual del trabajo.

Además de la demanda de cuidados de niños y niñas, que se renueva constantemente, debe considerarse que el porcentaje de personas de 60 años y más en la región se triplicará de aquí al 2050 (CELADE), en un contexto donde la participación laboral femenina aumenta y la corresponsabilidad en los cuidados se mantiene baja puesto que los varones aun se resisten al trabajo doméstico. Este escenario, que configura la llamada “crisis del cuidado”, vuelve urgente reconocer los trabajos de cuidado como un componente de la protección social y desarrollar políticas públicas específicas para garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado, en el marco de una institucionalidad sólida y una estrategia de largo aliento.

Actualmente, la legislación en materia de cuidados prioriza las políticas de tiempo. Dieciocho países de América Latina tienen leyes que regulan licencias por maternidad, pero sólo diez definen en sus legislaciones la implementación de servicios de cuidado para la primera infancia. La República Bolivariana de Venezuela es el único país que define legalmente la implementación de atención domiciliaria para adultos mayores y el Uruguay es el único país que ha legislado sobre asistentes personales para personas con discapacidad.

El vacío institucional en América Latina es más grave en lo que atañe al trabajo no remunerado: cuando 18 países de la región han legislado sobre los tiempos de trabajo doméstico remunerado, sólo Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú lo han hecho sobre el trabajo de cuidados no remunerado.

Finalmente, la existencia de políticas o sistemas integrados de cuidados es incipiente. Mientras en el Uruguay se está implementando un Sistema Nacional de Cuidados y en Costa Rica está en plena operación la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, en países como Chile y El Salvador comienza la discusión para conformar una política integrada de cuidados y en otros países los cuidados se abordan por la vía de programas específicos de corto alcance o componentes sectoriales.

Con el objeto de reflexionar sobre este panorama se desarrollará el panel de discusión “Institucionalidad de las Políticas de Cuidados”, organizado por la División de Asuntos de Género de la CEPAL como parte del seminario “Los desafíos de la institucionalidad social en el desarrollo de una protección social universal bajo el enfoque de derechos”, donde seis especialistas contribuirán al debate sobre políticas de cuidado en América Latina y compartirán experiencias de países de la región en su implementación.

Esta instancia se realizará el 12 de agosto a las 11 horas y está abierta a todos los participantes.

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