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Instan a fomentar una minería responsable que contribuya a una recuperación resiliente e inclusiva post COVID-19

CEPAL participó en diálogo virtual en el marco del V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe 2020.

10 de septiembre de 2020|Noticia

Expertos de la región discutieron sobre la importancia de incorporar un enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros durante un diálogo virtual organizado en el marco del V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe 2020 (que se realiza del 7 al 11 de septiembre de 2020).

El evento “Minería responsable, derechos humanos y sostenibilidad” fue inaugurado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Augusto Jordán Rodas, Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala; y José Apolonio Tobar, Secretario General de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).

En un mensaje grabado que fue transmitido durante la inauguración, Alicia Bárcena subrayó que en un mundo en el que tenemos que enfrentar el cambio climático y desarrollar nuevos sectores como la electromovilidad y las energías renovables, la minería está llamada a ser un actor principal de una recuperación resiliente, para lo que debe estar a la altura del cumplimiento de rigurosos estándares sociales, ambientales y de gobernanza de modo de permitir a la región posicionarse en mercados cada vez más exigentes.  

Durante el evento, Alicia Abanto, adjunta de medio ambiente al Defensor del Pueblo del Perú presentó el documento Recomendaciones para la incorporación del enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros, elaborada por el Grupo Temático sobre Derechos Humanos y Empresas de la FIO, con el apoyo de la CEPAL y la GIZ.  Abanto destacó las recomendaciones para los Estados y las empresas incluidos en el documento, con énfasis en los temas de acceso a la información, participación pública y consulta previa libre e informada (ver video).

En un panel a continuación moderado por Nicolas Maennling, Asesor Principal del Programa MinSus GIZ, diversos expositores abordaron la necesaria integración del enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros.

Freddy Carrión, Defensor del Pueblo del Ecuador, celebró la elaboración de la publicación y señaló que era necesario incorporar al debate sus recomendaciones de modo de proteger los derechos humanos y el medio ambiente y que la actividad minera se realice de la mano con el desarrollo de los pueblos.

Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, resaltó que los países de la región contaban con un instrumento valioso fortalecer la participación informada de las comunidades en la evaluación de impacto ambiental de proyectos: el Acuerdo de Escazú. Agregó que cuando entre en vigor, el Acuerdo otorgará un piso común para todos los países, lo que permitirá proteger la competitividad productiva y resguardar los derechos humanos y el medio ambiente.

Agregó que la tendencia a relajar estándares ambientales para reactivar la economía post pandemia era parte de una narrativa equivocada. El desarrollo sostenible no es más caro que el desarrollo convencional y existen numerosos ejemplos de ello en sectores clave de la economía como por ejemplo en la economía circular, en las energías renovables y electromovilidad, añadió.

Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo del Consejo Minero de Chile señaló que la ciudadanía y las empresas requieren reglas claras con altos estándares lo cual aporta certeza jurídica, que es lo que quiere el mundo empresarial. Ello precisa un Estado moderno, fuerte, capaz de administrar esas reglas claras y dar garantías a ambas partes, ciudadanía y empresas. La participación anticipada es vital. Esta debe ser permanente, transparente y hay que hacer todos los esfuerzos porque sea en igualdad de condiciones con las comunidades. Agregó que esto requiere un esfuerzo especial de parte del Estado y una colaboración sin lugar a dudas de las empresas, y destacó el absoluto compromiso de las empresas con el desarrollo sostenible, con todos los desafíos que ello implicaba para el mundo empresarial y para el mundo minero.

Rubens Born, colaborador de la Fundación Grupo Esquel de Brasil, señaló que para desarrollar una actividad minera responsable, el sector debe actuar con transparencia y rendición de cuentas y contemplar la evaluación de riesgos para las poblaciones y el ambiente de sus actividades.

El evento se organizó en el marco del programa de Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos que ejecuta CEPAL en conjunto con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.